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Compra pública de innovación

La innovación es uno de los ejes de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, aprobada por la Unión Europea (UE) el año 2010. La iniciativa emblemática de Europa 2020 “Unión por la innovación” reconoce la importancia del mercado de la contratación pública (aproximadamente el 17% del PIB de la UE) y su elevado potencial para impulsar la innovación. En este sentido, la contratación pública de productos y servicios innovadores es primordial para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias. La iniciativa establece que las administraciones públicas tienen que utilizar la contratación pública cofinanciada por los fondos estructurales para aumentar la demanda de productos y servicios innovadores.

En el mismo sentido, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, establece que la investigación y la innovación son uno de los principales motores del crecimiento futuro y recomienda a los poderes públicos hacer la mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la innovación. Asimismo, afirma el papel clave de la adquisición de bienes, obras y servicios innovadores en la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

De acuerdo con este marco normativo comunitario, así como el fijado por el Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Reial decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se pueden distinguir, esencialmente, dos modalidades de compra pública innovadora: la compra pública de tecnología innovadora, que consiste en la compra de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable y que requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada; y la compra pública precomercial, que consiste en la contratación de servicios de investigación y desarrollo en que el comprador público no se reserva el resultado de la investigación y el desarrollo para su uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superan las disponibles en el mercado.

Además de estas modalidades específicas de compra pública de innovación, la innovación se tiene que incorporar como objetivo general, siempre que sea posible, en los contratos del sector público.

Normativa y otros instrumentos para su aplicación